sábado, mayo 28, 2022
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CUBA, UNA AGRESIÓN CONTRA VENEZUELA, POR JOSÉ FELIX DÍAZ BERMÚDEZ

Hace 50 años, en febrero de 1964, los distintos países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) estaban evaluando las preocupantes denuncias formuladas por Venezuela en contra del gobierno cubano con respecto a actos de intervención y agresión a la integridad territorial y a la soberanía del país, así como contra  la vigencia de sus instituciones democráticas, y aguardaban con expectativa los resultados del informe de la comisión investigadora designada que debía someter sus conclusiones ante el órgano de consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).

La grave situación había obligado al gobierno del presidente Rómulo Betancourt a efectuar una serie de reuniones con distintos gobiernos a fin de informarles sobre la significación de tales hechos que atentaban no solamente contra la seguridad de Venezuela sino también contra la de otras naciones de la región. A tal efecto, una comisión especial venezolana presidida por el almirante Luis Croce Orozco, presentó en esa fecha sus planteamientos ante el gobierno de Brasil indicando entre otros asuntos que el gobierno cubano había introducido en Venezuela: «tres toneladas de armas… para una operación de envergadura» entre ellas: «ametralladoras, fusiles automáticos, bazucas, morteros, cañones sin retroceso y cargas de demolición», en momentos en los cuales el país se preparaba para la realización de nuevas elecciones presidenciales.

En lo jurídico y en lo político, Venezuela le imputaba al gobierno cubano el delito de agresión internacional e intervención en sus asuntos internos, ante cuya evidencia se hacía pasible de diversas sanciones colectivas económicas y diplomáticas con fundamento en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947, que contemplaba en su artículo 8, desde el retiro de jefes de misión hasta el empleo de la Fuerza Armada contra un Estado agresor.

En la práctica, el gobierno cubano respaldó la insurrección armada en Venezuela, la cual había sido aprobada en marzo de 1961 en el III Congreso del PCV, con la integración del MIR y de sectores de izquierda de URD, con el objetivo específico de: «tomar el poder» no obstante la existencia de un gobierno electo democráticamente y cuya legitimidad fue reconocida por el mismo PCV mediante manifiesto público del 10-12-1958 indicando que: «desconocer la elección de Betancourt no da ninguna salida al país», sin embargo, modificaron su postura invitando: «… a las fuerzas patrióticas, y en especial a la clase obrera y a los campesinos, a dominar todas las formas de lucha, ya sean legales o ilegales, clandestinas o armadas, para responder y derrotar a los enemigos…».

En virtud de la situación, la Novena Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la OEA se reunió del 21 al 26  julio de 1964 para evaluar el contenido del Informe y declaró comprobados los actos de agresión y la ilegítima intervención del gobierno cubano en Venezuela, en virtud de lo cual se resolvió la aplicación de una serie de medidas previstas en el TIAR, tales como: el cese de relaciones diplomáticas y consulares con el gobierno de Cuba; la interrupción de todo intercambio comercial directo e indirecto con excepción de los alimentos, medicinas y equipos médicos por razones humanitarias; la interrupción del transporte marítimo salvo las mismas razones especiales. Igualmente, se facultó al Consejo de la organización dejar sin efecto tales medidas en caso que el gobierno de Cuba cambiara su conducta, que fue calificada entonces como: «actos de agresión e intervención contra la inviolabilidad territorial, la soberanía y la independencia política de Venezuela», «lo cual afecta a todos los Estados miembros».

Los gobiernos democráticos de los presidentes Betancourt y Leoni lograron derrotar el movimiento guerrillero marxista-leninista, cuya: «inexistencia de condiciones» en Venezuela fue admitida por representantes políticos de la izquierda venezolana en La Habana y juzgados por muchos como  una aventura política.

Rómulo Betancourt sostuvo con firmeza desde el comienzo de su gobierno (1959) que los «regímenes que no respeten los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los tiranicen con respaldo de policías totalitarias, deben ser sometidos a riguroso cordón sanitario y erradicados mediante acción pacífica colectiva de la comunidad jurídica interamericana…». Basado en tal política que se denominó: «la doctrina Betancourt», se logró asegurar en sus comienzos la democracia en Venezuela, la defensa de los valores democráticos comunes en el continente, la contención del militarismo y del comunismo en su época de mayor expansión y radicalismo contra las naciones de América Latina.

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